El TJUE. Derecho al Olvido. Conclusión

De ayer para hoy seguimos con el Derecho al Olvido, charlando acerca de la Sentencia que el TJUE dictó a instancia de las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional, luego de una sanción impuesta por la AEPD a Google.

Habíamos hablado de la Segunda Cuestión Prejudicial planteada por la  Audiencia Nacional, que el TJUE examinó en primer lugar. Pasamos pues a la Primera Cuestión Prejudicial planteada, y otros extremos:

Territorialidad

 

Ámbito Territorial Unión Europea
Paises que conforman la unión Europea

 

Mediante esta Cuestión, la Audiencia Nacional pretende que se le aclare si es aplicable la legislación española sobre protección de datos (ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento del 2007),  que ha traspuesto la Directiva 95/46/CE. Para ello el Tribunal considera acreditado que Google Search se presta a nivel mundial a través del sitio web “Google.com”. Que existen en diversos países versiones locales. La versión española es “Google.es”, dominio registrado en España y motor de búsqueda de los más utilizados. Que “Google Inc” -empresa matriz del Grupo” tiene su domicilio en Estados Unidos y gestiona “Google Search”. Que ésta indexa páginas web de todo el mundo, incluyendo las páginas web ubicadas en España. La información ideada por sus “arañas”, o robots de indexación -programas informáticos utilizados para rastrear y realizar un barrido de contenidos de paginas web de manera metódica y automatizada, se almacenan temporalmente en servidores cuyo Estado de ubicación se desconoce por razones de competitividad. Que Google Search no solo facilita el acceso a contenidos alojados en páginas web indexadas, sino que, además, aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de búsqueda introducidos por los internautas, contratada, a cambio de un precio, por las empresas que desean utilizar esta herramienta para ofrecer sus bienes o servicios a éstos.

Que el grupo Google utiliza una empresa filial en España, Google Spain, como agente promotor de ventas de espacios publicitarios, que se genera en el sitio “Google.com”. Google Spain tiene personalidad jurídica propia y domicilio en Madrid. Dirige su actividad, fundamentalmente a empresas radicadas en España, actuando como agente comercial del citado grupo. Su objeto es promocionar, facilitar y procurar la venta de productos y servicios de publicidad “on line” a través de Internet para terceros, así como la comercialización de la publicidad. En ocasiones Google Inc, designó a Google Spain responsable del tratamiento de de ficheros inscritos por Google Inc ante la Agencia Española de Protección de Datos, relacionados con clientes de servicios publicitarios que en su día contrataron con Google Inc.

Partiendo de tales datos, el TJUE desgrana varios artículos de la de la Directiva 95/46/CE:

4.-Derecho nacional aplicable

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;

Para dar respuesta  a lo solicitado por el Tribunal de España en el sentido de sí se cumple la disposición transcrita, en el supuesto de que: -la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitados por el motor de búsqueda, que dirige su actividad a los habitantes de ese Estado,  que-la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con contratación de publicidad,  que-cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la unión, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades en lo que a protección de datos personales se refiere.

Dice el Tribunal Español que Google Inc gestiona técnica y administrativamente Google Search y que no está probado que Google Spain realice en España una actividad directamente vinculada a la indexación o al almacenamiento de información o de datos contenidos en los sitios de Internet de terceros. No obstante ello, la actividad de promoción y venta de espacios publicitarios de la que Google Spain es responsable para España, constituye la parte esencial de la actividad comercial del grupo Google y puede considerarse que está estrechamente vinculada a Google Search. El Sr. Pepe, la AEPD y otros Países miembros entienden que habida cuenta de vínculo indisociable  entre la actividad del motor de búsqueda gestionado por G.Inc y la de G. Spain, ésta debe considerase un establecimiento de aquella, en el marco de cuyas actividades se lleva a cabo el tratamiento de datos personales. Las Google y otros Gobiernos de la Unión, sin embargo,  dicen que el artículo 4.1.a) no se aplicará en el primero de los supuestos, -cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de espacios publicitarios-, pues el tratamiento de datos lo lleva en exclusiva Google Inc, que gestiona G. Search, sin ninguna intervención de Google Spain, cuya actividad se limita a prestar apoyo a la actividad publicitaria del grupo Google, que es distinta al servicio de su motor de búsqueda.

El Tribunal recuerda que la Directiva señala que “el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable”, independientemente de la forma jurídica de dicho establecimiento, que sea o no una simple sucursal o filial con personalidad jurídica propia. Siendo, además necesario para cumplimentar dicha disposición, que el tratamiento de datos personales, por parte del responsable del tratamiento se “lleve a cabo en el marco de las actividades” de un establecimiento de dicho responsable situado en territorio de un Estado miembro.

No debe perderse de vista el objetivo de la Directiva de garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en concreto el derecho a la Intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, no debiendo ser objeto de interpretación restrictiva ésta expresión. Sigue indicando el Tribunal, que de los Considerandos 18 a 20 del artículo 4 de la Directiva, se desprende que el legislador de la Unión  pretendió evitar que una persona se viera excluida de la protección garantizada por ella y que se eludiera esta protección, estableciendo un ámbito de aplicación territorial particularmente extenso .Teniendo, pues, en cuenta el objetivo de la Directiva, y del tenor literal de su artículo 4.1.a), procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa “en el marco de las actividades” de dicho establecimiento si éste está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilidad el servicio propuesto por el motor.

En tales circunstancias, las actividades del gestor de motor de búsqueda y de su establecimiento situado en el Estado miembro están indisociablemente ligadas, pues las actividades relativas a espacios publicitarios constituyen el medio para que el  motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y, dado que este motor, es al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades. Sobre tal particular, conviene recordar como se ha precisado a lo largo de la Sentencia, que la propia presentación de datos personales en una página de resultado de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos; toda vez que la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda acompaña a los resultados de búsqueda, el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio Español.

Dicho cuanto antecede, no se puede aceptar, señala el Tribunal, que el tratamiento  de datos personales llevado a cabo para el funcionamiento del mencionado motor de búsqueda se sustraiga a las obligaciones y a las garantía previstas por la Directiva 95/46/CE, lo que menoscabaría su efecto útil y la protección eficaz y completa respecto de la defensa del derecho fundamental a una vida privada en el tratamiento de datos personales, al que dicha Directiva concede una relevancia especial, como ya vienen confirmando Sentencias anteriores.

Un establecimiento, pues, como Google Spain cumple el criterio recogido en el artículo 4 apartado 1 letra a), no procediendo, en consecuencia examinar ya los siguientes apartados..

De ahí que podamos Concluir que se puede responder a la Territorialidad (primera cuestión prejudicial planteada respecto del artículo) 4.1.a que debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o filial destinada a garantizar la promoción y venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor de búsqueda y cuya actividad se dirige a los habitantes de este estado miembro.

Bloqueo

 

Bloqueo páginas web
Bloqueo páginas web

Trata también el Tribunal una interesantísima cuestión al examinar el Derecho de Acceso establecido en el artículo 12 de la Directiva:

Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:

b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos

y

Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a:

a) Oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos. Artículo 14. Derecho De Oposición Del Interesado.

Por ello dilucida el Tribunal si para respetar los derechos que se establecen en las disposiciones transcritas, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona  con vínculos a la página web. Las Google consideran que ello atenta al principio de proporcionalidad y cualquier solicitud que tenga por objeto que se elimine información ha de dirigirse al editor de la página web, ya que es éste el que asume la responsabilidad de publicar la información. Y además, continúan, imponer esto al gestor de un motor de búsqueda, que retire de sus índices información publicada en Internet, no tiene suficientemente en cuenta los derechos fundamentales de los editores del sitio de Internet, del resto de los internautas y del propio gestor.

De ello discrepa la AEPD , el Sr. Pepe, la Comisiónn y otros países.

En este sentido, sigue recordando el Tribunal, el objetivo de la Directiva, garantizar un nivel elevado de protección de derechos fundamentales en el ámbito de la vida privada y en relación con el tratamiento de datos personales. Y los citados artículos (12 y 14) disponen, entre otros, que los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la Directiva. Amén de las excepciones contenidas en la Directiva, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme a los principios de calidad de los datos y a la legitimación del tratamiento. Incumbe, pues, al responsable del tratamiento garantizar que los datos personales sean “tratados de manera leal y lícita” que sean “recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines”, que sean “adecuados”, “pertinentes” y “no excesivos” con relación a los fines para los que se recaban. En este marco, dice el Tribunal, el responsable debe adoptar todas las medidas razonables para que los datos que no responden a los requisitos de esta disposición sean suprimidos o rectificados.

Asimismo, los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a oponerse, en las condiciones establecidas, en cualquier momento por razones legítimas de su situación particular a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo que la legislación nacional disponga otra cosa.

El interesado puede dirigir las solicitudes directamente al responsable del tratamiento, que debe examinar debidamente su fundamento y, en su caso, poner fin al tratamiento de los datos controvertidos. Si no se accede a ello el interesado puede acudir a la Autoridad de Control o a los Tribunales para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas en consecuencia.

Para, concluir,  que un tratamiento de datos personales como el controvertido en este litigio, efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y de protección de datos personales, cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, pues dicho tratamiento permite a cualquiera obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a la vida de esa persona que puede hallarse en internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o solo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. La injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados un carácter ubicuo.

En vista de la gravedad de esta injerencia, es obligatorio declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. No obstante, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar,  en situaciones como la presente un justo equilibrio entre este interés y los derechos de la persona afectada, pudiendo depender en supuestos específicos de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés público en disponer de esta información,que puede variar, en función del papel que esa persona desempeñe en la vida pública.

Conclusión

1.-La actividad de un motor de búsqueda que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas, según un orden de preferencia determinada ha de calificarse de tratamiento de datos personales y el gestor de un motor de búsqueda debe considerase responsable de dicho tratamiento.

2.-Se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

3.-Cumplidos los requisitos establecidos, para respetar los derechos a que estamos aludiendo, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a la página web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí mixm lícita.

4.-Hay que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenidos tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Ya que éste puede solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en la lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no solo  sobre el interés económico del gestor de motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Excepto, como ya se dijo, si la persona desempeña en la vida pública un papel relevante, ya que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener acceso a la información de que se trate.

Y así es Como El Tribunal de la unión Europea resolvió el denominado Derecho al Olvido, en favor del derecho a la Intimidad que tienen las personas, frente a postulados básicamente económicos esgrimidos por las partes recurrentes de la AEPD para evadir la normativa sobre protección de datos personales. Tema del que han hablado importantes y destacados Juristas!

mariagude

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