Derecho al Olvido. Origen

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Derecho Olvido

Origen Derecho Olvido

Por aquello de la propia protección de datos, diré que el Sr. Pepe, en su día, concretamente en Noviembre del 2009, ejercitó ante el periódico «La Vanguardia», el Derecho   de Oposición al tratamiento de sus datos personales. Señalaba en su reclamación que al «pinchar» su nombre en el buscador de «Google» aparecía la referencia a una página del periódico citado con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de unas deudas con la Seguridad Social, señalando que dicho embargo estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía ya años, careciendo, por tanto, de relevancia en el momento de dicha reclamación.

La Vanguardia le contesta que entiende no debe cancelar sus datos, ya que la publicación en su día realizada, lo fue por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. En Febrero del 2010 el Sr. Pepe remitió escrito a Google Spain S.L. ejercitando su Derecho de Oposición indicando que al introducir su nombre y apellidos los resultados de búsqueda le llevaba a los links de La Vanguardia. Google Spain le remite a la empresa Google Inc. con sede social en California (EEUU), señalando que la empresa que presta el servido de búsqueda en Internet, todo ello sin perjuicio de informarle que para ejercer el derecho de Cancelación u Oposición sobre sus datos personales debería dirigirse al webmaster de la pagina web que publicó esos datos.

Ante las respuestas de ambos, La Vanguardia y Google Spin s.l., el Sr. Pepe, se dirige a la Agencia española de Protección de Datos (AEPD) y le solicita que le exija al responsable de la publicación de La Vanguardia que elimine o modifique la publicación, para que no apareciesen sus datos personales, o bien se utilizasen las herramientas por los buscadores para proteger su información personal. Solicitando, además, que exigiese a Google España o Google Inc, para que elimine o bien oculte sus datos para que dejen de incluirse en los resultados de búsqueda y dejen de estar ligados a los links de La Vanguardia.

La AEPD por resolución de 30 de Julio del 2010 estima la reclamación formulada por el Sr. Pepe contra Google Spain y contra Google Inc, instándoles a fin de que adopten las medidas necesarias para retirar los datos de su índice imposibilitando el acceso futuro a los mismos. La notificación se remite al domicilio de Google Spain, recibiendo ésta la comunicación a ella dirigida, pero rechazando la notificación de Google Inc

Desestima la reclamación hecha frente a La Vanguardia por entender que la denegación de ésta era correcta, ya que la publicación estaba legalmente justificada, siendo su fin dar la máxima publicadas a la subasta del bien inmueble que iba a subastarse por impago de cuotas a la Seguridad Social.

Google Spain y Google Inc recurren ante la Audiencia Nacional.

Cuestiones previas

En la Legislación española de protección de Datos, L.O. 16/1999, que traspasa al derecho español la Directiva sobre protección de Datos 95/46 y el Reglamento que la desarrolla establecen los denominados derechos ARCO, al que la Jurisprudencia vino perfilando y se añade otro, no recogido expresamente en dicha normativa, el derecho al Olvido al que se viene haciendo desde hace ya tiempo alusión y que se recoge en la nueva normativa de protección de Datos de la unión Europea, un Reglamento, que ha entrado hace pocos días en vigor.

Los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, venían recogidos, como se indica en la legislación española, siendo el primero de ellos, el derecho qque tiene el interesado para solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos personales sometidos a tratamiento; el derecho de Rectificación, reconoce al interesado para que se dirija al responsable del tratamiento de datos a fin de que los rectifique caso de ser erróneos o incompletos y se proceda a su Cancelación cuando no se ajusten a la ley y particularmente caneo resulten inexactos o incompletos.

La Cancelación da lugar al bloqueo de los datos personales.

El derecho de Oposición es el que tiene el interesado para exigir que se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en los mismos, cuando concurre motivos legítimos y fundados y en las condiciones que la ley determina.

Señalar asimismo que el Reglamento Español de Protección de Datos realiza de forma exhaustiva la definición de los conceptos que se utilizan en la legislación de protección de datos, concretando quien es el responsable de los datos, que es un fichero, qué es la cesión de datos, el consentimiento, etc.

A ello cabe añadir que tanto la AEPD como la Jurisprudencia de los diversos Tribunales, han venido matizando los conceptos jurídicos de protección de datos, así como su interpretación a la luz de los principios que inspira la protección de datos.

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Entre datos personales e información general

Cuestiones prejudiciales

Ante las diversa definiciones, matizadas e interpretadas por los Tribunales de Justicia y los nuevos conceptos dentro del ámbito de Internet, problemas que pueden, además plantearse de qué legislación aplicar cuando una empresa radica fuera de la Unión y tiene, por tanto, otra normativa de protección de Datos, así como cuestiones múltiples en todos estos aspectos, tratado el tema también dentro del Grupo de Trabajo 29 (GT29); La Audiencia Nacional decide plantear, ante el Recurso formulado por Google Inc y Google Spain s.l. frente a la Resolución dictada por la AEPD, mediante auto de 27 de Febrero del 2012, diversas cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que enmarque los hechos dentro de la Directiva 95/46/CE, de protección de datos de carácter personal y así poder resolverse por la Audiencia Nacional el proceso, conforme a la normativa Comunitaria.

En cuanto a la Aplicación Territorial de la Directiva 95/46/CE.-
¿Debe interpretarse que existe un «establecimiento» en los términos descritos en el artículo 4.1.a de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

  • Cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado Miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los habitantes de ese Estado.
  • Cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa
  • Cuando la oficina o filial establecida en un Estado Miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al Derecho de protección de datos personales, aún cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria.

¿Debe interpretarse el artículo 4.1.c de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que existe un «recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro»:

  • Cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro.
  • Cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado miembro.

En cuanto a la actividad de los Buscadores, como proveedores de contenido.-

¿Puede considerarse como un «recurso a medios», en los términos del artículo 4.1.c de la Directiva 95/46/CE el almacenamiento temporal de la información indexada por los buscadores de Internet?

Si la respuesta es afirmativa ¿Puede entenderse que éste criterio de conexión concurre cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices alegando razones competitivas?

¿Debe interpretarse una actividad como la descrita comprendida en el concepto de «tratamiento de datos», contenido en el artículo 2.b de la Directiva?

Si así fuere,

¿Debe interpretarse el artículo 2.d de la Directiva, en el sentido de considerar que la empresa que gestiona el buscador Google es responsable del tratamiento de datos personales contenidos en la pagina web que indexa?

Si la respuesta fuera afirmativa,

¿Puede la autoridad Nacional de control de datos (en este caso AEPD), tuteando los derechos contenidos en el artículo 12.b y 14.a de la Directiva, requerir directamente al buscador de la empresa Google para exigirle la retirada de sus índices de una información publicada por terceros,sin dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la que se ubica dicha información?

Si fuese afirmativa,

¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la información que contiene los datos personales se haya publicado lícitamente por terceros y se mantenga en la página web de origen?

En cuanto al alcance del Derecho de Cancelación y Oposición se plantean las siguientes cuestiones.-

¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y Bloqueo de los datos, regulados en el artículo 12.b y el de Oposición, regulado en el artículo 14.a de la Directiva comprenden que el interesado pueda dirigirse frente a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en páginas web de tercero,amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidad, aunque se trate de una información lícitamente publicada por terceros?

Estas cuestiones han sido todas resueltas por el TJEU, que recogeremos en otro momento, pero antes aludiremos a la oposición que en su día hizo Google y algún comentario al respecto, para dejar encuadrado el Derecho al Olvido, que está ahora Recogido en el nuevo Reglamento, que recientemente, como he dicho ha entrado en vigor.

justicia europa
Legislación de Datos personale UE

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Protección Datos nueva normativa

Antecedentes y propuesta

Actualizar y modernizar la Directiva 95/46/CE sobre Protección de Datos personales y la Decisión Marco del 2008 sobre Cooperación Judicial y policial es una tarea que viene llevando a cabo la Comisión para lo que ha venido en hacer una, digamos, doble propuesta:

Un REGLAMENTO para la protección de datos personales de las personas físicas y la libre circulación de aquellos y

Una DIRECTIVA de protección de datos de las personas físicas, en cuanto al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes a efectos de Prevención, Investigación, Detención y Enjuiciamiento de infracciones penales, su ejecución y su libre circulación.

Con el avance  estratosférico, diríamos, que impone la evolución tecnológica, los retos que se vienen planteando demandan cambios que comprendan tal avance y la recogida de los mismos. La magnitud e intercambio de datos y su recogida desbordan toda previsión y su utilización se puede hacer a una escala sin precedentes en la Historia de la Humanidad.

La regulación que pronto entrará en vigor es de suma importancia para el desenvolvimiento económico y para la vida social. Entra de lleno en la Agenda Digital para Europa, encuadrada en la Estrategia 2020.

Como es sabido la protección de datos de carácter personal está introducida en el Tratado de Lisboa, en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la unión Europea. Se introduce una base jurídica específica para adoptar normas concernientes a la protección de datos de carácter personal. También en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que consagra como Derecho Fundamental la protección de datos de carácter personal.

Para la consecución de la normativa sobre la protección de datos próxima a su entrada en vigor se ha llevado a cabo una Consulta y se ha efectuado una Evaluación de Impacto.

La gran mayoría mostró su acuerdo en que los principios generales siguen siendo válido, se precisa adaptar el marco vigente a los retos del rapidísimo desarrollo de la tecnología y la globalización; la fragmentación de la normativa sobre protección de datos personales en la Unión ha sido objeto de duras críticas, solicitándose mayor seguridad jurídica y armonización de normas. La complejidad de las normas que regulan las Transferencias Internacionales de Datos personales, constituye un impedimento sustancial en su funcionamiento, ya que resulta habitual transferir datos personales en toda la UE y de ésta al resto de países del globo.

La Evaluación de Impacto llevada a cabo, señala tres puntos estratégicos:

-Mejorar la dimensión del mercado interior de la protección de datos personales.

– Hacer mas efectivo el ejercicio de los derechos de protección datos para  los ciudadanos.

– Crear un marco general y coherente que abarque todos los ámbitos de la competencia de la Unión, incluyendo la cooperación policial y judicial en materia de penal.

De acuerdo con la Evaluación de Impacto, habrá de llegarse a mejoras considerables en materia de seguridad jurídica para los responsables del tratamiento de los datos; reducir la carga administrativa; insistir en la coherencia en la aplicación de la protección de datos personales en toda la Unión; y la posibilidad efectiva para que las personas físicas puedan desenvolver los derechos (ARCO); y la incidencia en pequeñas y medianas empresas.

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Elementos Jurídicos

Como ya hemos indicado, la Propuesta se basa en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es la nueva base jurídica para adoptar normas sobre protección de datos de carácter personal, introducida por el Tratado de Lisboa.

Es considerado el Reglamento como instrumento jurídico más apropiado para definir el marco de la protección de los datos personales, dado quemes una norma jurídica de Derecho comunitario con alcance general y eficacia directa. La aplicabilidad directa (artículo 288 del TFUE) reducirá la fragmentación jurídica, ofreciendo mayor seguridad, mejorando, al mismo tiempo, la protección de Derechos Fundamentales.

Los principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad   rigen, como no podía ser menos, también en esta materia. De acuerdo con el primero de los citados (artículo 5.3 del TFUE), la Unión solo puede intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de modo suficiente por los Estados miembros por sí solos. El análisis de subsidiariedad hecho,  indica la necesidad de adoptar  iniciativas a escala de la Unión, por las siguientes razones.

-Al objeto de fomentar el mismo nivel de protección de carácter personal consagrado en el artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Su ausencia provocaría distintos niveles de protección en los distintos países y afectaría a los flujos fronterizos.

-Las iniciativas a nivel de la Unión permiten más eficacia y mayor eficiencia para las acciones individuales que puedan llevar a cabo los Estados miembros.

-Los Estados miembros no pueden solucionar por sí solos los problemas de fragmentación detectados, por lo que se precisa la articulación de un Marco Armonizado.

En el  ámbito de los Derechos Fundamentales hemos de señalar que el Derecho de Protección de Datos de carácter Personal también viene recogido en el Articulo 8 del C.E.D.H (Convenio Europeo de Derechos Humanos).

El Tribunal de Justicia de la UE ha manifestado a través de reiterada y unánime Jurisprudencia que el Derecho a la Protección de Datos de carácter personal no es un derecho absoluto, si no que ha de considerarse en relación con su ficción en la Sociedad. En consonancia con el artículo 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales pueden introducirse limitaciones SIEMPRE que estén establecidas por ley; respeten el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de e interés general reconocidos por la Unión.

El Derecho a la Protección de Datos de carácter Personal está íntimamente ligado y relacionado con la vida privada y familiar recogido en el artículo 7 de la Carta de Derechos Europea, que se viene reflejando desde su instauración por la Directiva 95/46/CE, al señalar que los Estados miembros garantizarán la Protección de la libertades y de los Derechos Fundamentales de las personas físicas, en particular, el dDerecho a la Intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal. Afecta además a otros Derechos Fundamentales, como pueden ser el de Libertad de empresa, el de Propiedad y Propiedad Intelectual, de la Salud, de Acceso a Documentos, de Tutela Judicial efectiva, de Derecho a un Juez imparcial.

De ahí la importancia de su regulación con perspectiva de Derecho Fundamental y su propuesta como Reglamento, y como Directiva en el aspecto del tratamiento por autoridades competentes en el ámbito de la colaboración Penal.

mariagude

 

 

 

 

 

 

 

Protección de Datos Judiciales

Antecedentes

La Ley Orgánica del Poder Judicial, 7/2015 de 21 de Julio, que modifican Ley Orgánica 6/85 de 1 de Julio, dice su Exposición de Motivos, entre otras, que hay que adaptar la Justicia a los  tiempos, a la protección de Datos, a la sociedad de la información, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos…en fins…a los tiempos que vivimos.

Amén de dedicar gran parte de su articulado a aspectos burocráticos y de funciones de quienes administran Justicia, y a normas de competencia objetiva e internacional, se centra en el encaje de la Jurisdicción Militar dentro del esquema del poder judicial, en dar salida a la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, articulando recursos que se basen el las Resoluciones de dicho Tribunal,Refutar violencia de género e incardinar los procesos dentro de los Tribunales que tratan esta materia, tales como la revelación de secretos, injurias..etc; Plenos para establecimiento de criterios; eliminar la responsabilidad cidivil directa de jueces y magistrados, siguiendo el criterio de los demás funcionarios públicos; Vinculación de jueces y Tribunales al derecho emanado de la UE y resaltar que la función nomofiláctica ( Se dice especialmente de la función o cometido de ciertos tribunales que, al tener atribuida la competencia de definir el derecho objetivo, atienden en sus sentencias más a esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las partes del proceso), es lo cierto que en su Capítulo I BIS, del Título III, Libro III regula la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia, cuestión en la que nos vamos a centrar.

El legislador ha tenido a bien establecer toda la protección de datos judicial en el artículo 236, plasmando la añoranza de viejos latinajos y así empieza por el 236 bis, seguido del ter, quáter y así hasta el decies; fórmula, por otra parte, que se viene utilizando en toda esta legislatura.Proteger Datos

Dicho cuánto antecede, pasemos a ver que dice la Reforma de la ley orgánica del poder judicial de la protección de datos en aquel ámbito.

Tratamiento de Datos

El tratamiento de datos de carácter personal siempre ha de someterse a la Ley Orgánica de Protección de Datos, aunque se establezcan ciertas especialidades. Empieza la Reforma diferenciando entre el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito propiamente Jurisdiccional o no Jurisdiccional el tratamiento de los primeros se limita a los datos en tanto en cuanto se encuentren incorporados a los pleitos de que conozcan  y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio jurisdiccional, debido los Juzgados y Tribunales el pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal; el de los segundos (No Jurisdiccionales) se corresponde con el tratamiento de datos de carácter personal que se realiza dentro de la gestión de la Oficina Judicial, estos se someterán a los dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos y su normativa de desarrollo, pudiendo el Consejo General del Poder Judicial prestar a la Agencia Española de Protección de Datos la colaboración que precise, pudiendo, además, adoptar medidas reglamentarias precisas para garantizar, en el cumplimiento del tratamiento de datos con fines no jurisdiccionales, las medidas de seguridad establecidas en la normativa de protección de datos.

Para el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito jurisdiccional y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la L.O.P.D, no será necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento en el ejercicio de dicha potestad, ya sean los datos  facilitados por las partes o recabados por el propio Tribunal. Si los datos no tienen fines jurisdiccionales, se estará a lo dispuesto en la L.O.P.D. el tratamiento de datos personales no jurisdiccionales está sujeto al consentimiento de la L.O.P.D

El tratamiento de los datos de carácter personal  a que hayan tenido acceso las partes, por razón del proceso, está sujeto a la normativa sobre protección de datos.

Ficheros

Habiendo pues, ficheros jurisdiccionales  y no jurisdiccionales.

Los ficheros de datos de carácter personal del consejo General del Poder Judicial y de los órganos que lo integran serán  creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas.. Se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos y se publicará en el BOE, o, en su caso, len los Diarios de las Comunidades Autónomas. Publicado el Acuerdo el consejo dará traslado del mismo para sus inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.

Responsable de los Ficheros

El Responsable de los ficheros jurisdiccionales es el órgano jurisdiccional  ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente, según la solicitud que se reciba del ciudadano. De los ficheros No Jurisdiccionales será Responsable la oficina judicial con la que se relacionen los datos que laos mismos se incorporen.

Todo ello se entiende, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder en cuanto a comisión de infracciones en materia de protección de datos de carácter personal.

El Letrado de la Administración de Justicia nombrado al efecto velará por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal; incorporados a ficheros tanto jurisdiccionales como no, ostentando la condición de Responsable de seguridad a los efectos previstos en la normativa de protección de datos.

Los Jueces, Tribunales, y Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) podrán adoptar medidas precisas para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan tener acceso las partes durante la tramitación del proceso, siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

El acceso al texto de la Sentencias, a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran, con respeto al derecho a la intimidad.

Los derechos ARCO

Los Jueces y Tribunales, adoptarán las medidas necesarias para el ejercicio de derecho de Acceso de las partes a los datos personales que pudieran contener las Sentencias y demás resoluciones del proceso.

Las solicitudes del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en relación a datos tratados con fines jurisdiccionales, se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicación la legislación en materia de protección de datos..

los datos sometidos a tratamiento con fines No jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la vigente normativa de protección de datos de carácter personal.

Fine

Las Competencias que la Ley 15/99 de Protección de Datos, atribuye a la Agencia Española de Protección de datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial. Los llevados a cabo con fines no jurisdicciones y sus correspondientes ficheros, quedan sometidos a la Agencia Española de P.D.

Deja bastante que desear la redacción y sistemática de esta regulación, quedando serias dudas en algunos aspectos y no aclarando, sino, a veces, mezclando inadecuadamente conceptos que deberían estar claramente definidos.

En el Nonies, apartado 3 de ese artículo 236, y en cuanto a la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de un a infracción en materia de protección de datos, no deja claro quien es la Autoridad competente, para que se lleve a cabo la tramitación del procedimiento.

mariagude

Protección de Datos, Principios.

Los principios que inspiran la Protección de Datos, están recogidos en  La Ley Orgánica de Protección de Datos, 15/99,   en su Titulo II, artículos 4 a 12.

PDPrincipios

Los datos que te identifican son aquellos que directa o indirectamente te conciernen…el nombre, los apellidos, la huella digital, fecha de nacimiento, dirección postal o electrónica, número de teléfono, identificación fiscal, matrícula del coche, una fotografía…….El Derecho a la protección de Datos reconoce a todo ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y disponer o decidir acerca de ellos.Su Tratamiento exige:

Calidad

Los datos han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con su ámbito y finalidad; han de ser exactos y estar actualizados; su conservación no puede ir más allá de un periodo absolutamente necesario, debiendo cancelarse cuando dejen de ser precisos. Los datos personales deben almacenarse de manera que permitan el Derecho de Acceso.

Información

Los interesados a los que se le soliciten datos personales han de ser previamente informados acerca de la existencia del tratamiento de datos. De si las respuestas a alas preguntas que se le planteen tienen carácter obligatorio o facultativo. De las consecuencias de suministrar los datos o su negativa a hacerlo. De cómo pueden efectuar los Derechos de  Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. También ha de indicarse al interesado la identidad y dirección del responsable del tratamiento de datos o de su representante.

En el supuesto de que en un fichero existan datos personales que no hayan sido obtenidos del interesado, dentro de los tres meses siguientes a su registro, debe el interesado ser informado de forma expresa. Solo cuando la Ley así lo  prevea, o cuando el tratamiento tenga fines Históricos, Estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos).

Se informará, asimismo, al interesado si los datos proceden de fuentes accesibles al público y su destino lo sea para publicidad o prospección comercial.

Consentimiento

El interesado dará siempre su consentimiento inequívoco al tratamiento de datos personales, salvo que la Ley disponga otra cosa. Se excepciona el consentimiento cuando los datos se recojan para el ejercicio de funciones propias de la Administración en el campo de su competencia; cuando se refiere a las partes de un contrato de relación negocial, laboral o administrativa; cuando tenga como finalidad proteger el interés vital del interesado, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público.

El consentimiento puede ser revocado con justa causa.

Para los supuestos en que no sea necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos de carácter personal, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando tenga motivos fundados y legítimos relativos a una situación personal. En este caso, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.

Datos especialmente protegidos

Lo son los que revelan ideología, afiliación, religión o creencias. Las asociaciones, fundaciones u otras organizaciones que tengan finalidad política, religiosa o sindical, podrán tener datos relativos a sus asociados, pero para su Cesión, precisarán siempre del consentimiento expreso del afectado.

Lo son también, los datos referentes a origen racial, a la salud y a la vida sexual.

Los datos concernientes a la comisión de infracciones penales o administrativas, solo pueden ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes y en los supuestos previstos en la normativa.

Los datos personales de salud y vida sexual podrán ser tratados cuando sea necesario para la prevención o diagnósticos médicos, prestación de asistencia sanitaria o gestión de servicios sanitarios, siempre que el tratamiento de dichos datos se realice por un profesional sanitario sujeto a secreto profesional o persona con obligación equivalente al secreto.

También, si preciso fuere, para salvaguardar el interés vital del interesado u otra persona si ésta está incapacitada para dar su consentimiento. Los datos relativos a la Salud se rigen por lo dispuesto en la Legislación Sanitaria.

Seguridad

El responsable del fichero y el encargado del tratamiento han de adoptar las medidas precisas a fin de evitar la alteración de los datos, su pérdida o acceso no autorizado. Los ficheros han de reunir las condiciones que reglamentariamente se les exija respecto a su integridad y seguridad.

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del mismo, están obligados a guardar Secreto sobre los datos personales y tienen el deber de guardarlos. A Los datos de carácter personal solo puede  Cederse a un tercero para que éste cumpla sus funciones, siempre con consentimiento del interesado. Se excepciona de este consentimiento cuando la Ley así lo autorice, cuando su recogida proceda de fuentes accesibles al público, cuando responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica; cuando tenga por destinatario al Defensor del Pueblo,, al Ministerio Fiscal o a Jueces y Tribunales, al Tribunal de Cuentas; cuando se efectúe entre administraciones y tenga por finalidad fines Históricos, Estadísticos o Científicos; y cuando los datos relativos a la salud sean precisos para solucionar  una urgencia que requiera acceder a un fichero, paras estudios Epidemiológicos de acuerdo con la legislación Sanitaria.

El consentimiento será nulo, cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer cual es la finalidad a que van a ser destinados esos datos.

El Consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal tiene carácter Revocable.

Sabes si tus datos están protegidos?. Ojo al dato

mariagude

Locales de renta antigua. Prórroga forzosa. Fin

Antecedentes

Rua do Vilar- SCQLos contratos de locales de negocio celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley Boyer (RD. 2/85 de 9 de Mayo), tocan a su fin en la practica mayoría de los supuestos que pervivieron estos últimos 20 años. Tras la entrada en vigor de la vigente L.A.U de 1994. La tradición secular de un régimen arrendatario que perseveraba en la prórroga forzosa en favor del arrendatario, se debía a que históricamente la propiedad estaba concentrada en pocas familias y el acceso a una vivienda se hacía harto difícil, debido a su coste, a la mayoría de la población, le suponía tal acceso.

Un Derecho Fundamental,  así consagrado en la Constitución de 1978, Derecho a una vivienda Digna, siempre ha sido fuente de conflictos. Secularmente porque los terratenientes retenían e imponían los precios a cualquier ciudadano que precisara de acceso a una vivienda. A lo largo del tiempo esto se hizo motivo de transcendental importancia para el legislador en cuanto a su regulación. De ahí que hasta hace 20 años, la prórroga forzosa se hiciera valer a través de legislación arrendataria, acabando por ser el azote de los pequeños propietarios, quienes a partir de los años 60 tenían acceso a la promoción o adquisición de inmuebles donde iban invirtiéndose gran parte de sus ahorros.

Con la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1994, se establece un sistema de libre contratación, donde la duración de los contratos arrendaticios, -excepto de viviendas que pueden prorrogarse actualmente hasta tres años- queda al arbitrio de las partes contratantes.

Los locales de negocio en la ley de 1994 no están sometidos a ningún tipo de prórroga, si bien el objeto de este post será comentar cual es la situación de los locales de negocio concertados, en dos momentos, uno antes de la entrada en vigor de la Ley Boyer /2/85) y, otro la situación de los arrendamientos de locales de negocio después de la entrada en vigor de esta Ley, pero con sometimiento a la legislación anterior (L.A.U de 1964) .

Situación de los locales de negocio antes de la entrada en vigor de la Ley Boyer, diferenciando si el arrendatario es persona física o jurídica.

Han transcurrido veinte años de la entrada en vigor de la vigente L.A.U de 1994 y estamos en el momento en que aquellos locales de negocio con prórroga forzosa, anteriores a la Ley Boyer llegan a su término. Hecho que afecta a multitud de pequeños empresarios con una supervivencia muy difícil si las rentas se actualizan a 2014 y complicadas también porque los dueños de los locales ingresaban una rentas que, en el mejor de los casos, llegaban para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles.

La Disposición transitoria Tercera de la vigente ley de arrendamientos urbanos establece que las normas aplicables a la extinción  de los contratos de local de negocio cuando hayan sido suscrito antes del 9 de Mayo de 1985 están sujetos a la prórroga forzosa:

1.- Cuando los contratos hayan sido suscritos por una persona física como arrendatario, resulta de aplicación la regla general por la cual el arrendamiento se extingue con la jubilación o fallecimiento del arrendatario.

  •  Se permiten dos subrogaciones (artículo 60 de la L.A.U de 1964) cuando a la entrada en vigor de la L.A.U. de 1994 (1 de enero de 1995) nos e hubieran producido ninguna de ellas. Si a 1 de Enero de 1994, se hubiera producido una subrogación, se lperite otra. Por lo que, si ya se han producio las dos subrogaciones que la Ley anterior establecía, se aplicará la regla general de la extinción de estos contratos; excepto si el arrendatario, antes de su fallecimiento o jubilación, ha traspasado el local a un tercero.
  •  La primera subrogación se permite en favor del cónyuge del arrendatario, hasta su jubilación o fallecimiento; podría subrogarse un descendiente en defecto del cónyuge y, en este supuesto, no cabría segunda subrogación y se extinguirá a los 20 ñas, a contar de la entrada en vigor vigente (1 de enero de 1995).
  •  La segunda subrogación se concede en favor de los descendientes del arrendatario una vez fallecido o subrogado el cónyuge y siempre que no hayan transcurrido 20 años desde la entrada en vigor de la vigente L.A.U., extinguiéndose al finalizar dicho plazo.

Cuando el traspaso del local se hubiese llevado a efecto en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la ley vigente, se incrementan los plazos en cinco años.

2.-Cuando el arrendatario sea una persona jurídica, la Disposición Transitoria Tercera, prevé que la extinción del contrato de aquellos locales en los que se desarrollan actividades económicas, se producirá en el plazo de veinte años desde la entrada en vigor de la vigente Ley (1 de enero de 1995), excepto si los locales exceden de 2.500 metros cuadrados, en cuyo caso el plazo se reducirá a 5 años.

Los contrato en los que se lleve a cabo una actividad económica se extinguen entre los 5 y los 20 años, dependiendo de la solvencia económica del arrendatario.

Contratos llevados a cabo después del 9 de Mayo de 1985 (ley Boyer). Persona jurídica.


Casa da Parra. Compostela

Los contratos firmados después del 9 de Mayo de 1985, decía la E.M de la vigente L.A.U.94, como habían sido suscritos conforme a la libre voluntad de las partes, no quedaban, necesariamente, sujetos a prórroga forzosa.

Con el transcurso del tiempo se ha puesto de manifiesto un importante problemática, respecto de la extinción del contrato, cuando el arrendatario es una persona jurídica.

Los contratos celebrados con posterioridad al 9 de Mayo de 1985, podrían suscribirse estableciendo un plazo determinado de duración, o sujetarse a la normativa de 1964, que establecía la prórroga forzosa. Los que conllevan la aplicación de la prórroga forzosa no vislumbran el día de su finalización, dado que las personas jurídicas pueden no desaparecen, no mueren ni se jubilan, solo se liquidan.

El Tribunal Supremo en sus primeras Sentencias defendió la literalidad de la E.M. de la Ley de 1994 y para los supuestos de contrato de arrendamiento de local de negocio suscritos después del 9 de Mayo de 1985 sujetos a la normativa de 1964 y acogidos a la prórroga forzosa habría de aplicárseles la Disposición Transitoria Primera de la L.A.U.94.

Posteriormente y ante las críticas de que un derecho arrendaticio es sustancialmente temporal, el Tribunal Supremo se apartad e la interpretación literal para intentar solucionar la cuestión referente a la duración de estos contratos de arrendamiento suscritos después de la Ley 2/85, pero acogidos a la legislación de 1964.

Así, en Sentencias, entre otras, de 17 de Noviembre del 2011, establece una nueva interpretación señalando que entre la Disposición Transitoria Primera de la Ley del 94 y su Disposición Transitoria Tercera, cuando los contratos de arrendamiento sean suscritos por personas jurídicas y basándose en el artículo 1543 del Código Civil, que preconiza la temporalidad de los contratos de arrendamiento, en relación con el artículado de la propia Ley del 94, señala que no puede alterarse la naturaleza temporal de los contratos de arrendamientos y concluye que los arrendamientos de local de negocio celebrados después del 9 de Mayo de 1985 en los que las partes se han sometido expresamente a la prórroga forzosa, deberá aplicárseles la Disposición Transitoria Tercera, párrafo 2º, que regula el regimen de extinción de los contratos de arrendamiento de local de negocio suscritos antes de dicha fecha.

Si se aplica la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Arrendamientos de 1994, como señala su E.M., en los contratos en los que el arrendatario es una persona jurídica. la duración del contrato puede ser indefinida. Si se aplica la Disposición Transitoria Tercera, estos contratos se extinguen en fecha cierta y el plazo máximo de duración será el de 20 años, finalizando el próximo 1 de enero del 2015, si no hubo traspasos.

El arrendamiento es un contrato temporal en esencia y no es lo mismo indefinido que perpetuo- (STS 5 de diciembre del 2013).

La exclusión expresa del régimen de prórroga forzosa solo resulta exigible en los contratos sometidos a la legislación arrendaticia de 1964. En cuanto a los celebrados bajo la vigencia de la Ley Boyer, en que la duración de los contratos era la libremente convenida por las partes. Pese a ello nada impide que si las partes así lo acordaron y en virtud del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, los arrendamientos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/85 podían someterse al régimen de prorroga forzosa establecida por el artículo 57 de la Ley del 64, pero para ello es preciso un acuerdo expreso de sometimiento.

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Arrendamientos Urbanos fin Ley 64

Se cumplen 20 años de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley 29/94 de 24 de Noviembre.

Las Disposiciones Transitorias que colmaron esta Ley y que afectaban, particularmente, a los arrendamientos realizados antes de la entrada en vigor de la denominada Ley Boyer (Ley 2/85 de 9 de Mayo) y que se regían por la Legislación del año 1964, se acercan a su final y sobre todo en lo que a locales de negocio se refiere.

Los contratos adquiridos por traspaso cuyo límite era de 20 años desde la aprobación de la vigente Ley de 1994, finalizan, y otros muchos en los que habrá que estudiar cada supuesto de hecho concreto.

Custodia Compartida

El Tribunal Supremo, Sala Segunda, Sección primera, en 30 de Octubre del 2014 recuerda los requisitos que exige la Jurisprudencia para la custodia compartida:

El artículo 92, párrafos 5 y 6 del Código Civil ha de ser interpretado fundándose en el interés de los menores que van a quedar sujetos a la medida de guarda y custodia compartida y que ha de acordarse, según la Jurisprudencia recogida, entre otras, en la Sentencia de 29 de Abril del 2013, de acuerdo con los siguientes criterios: debe estar fundada en el interés de los menores, ha de tenerse en cuenta la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores, sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores, número de hijos, cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con sus hijos, y el respeto mutuo en sus relaciones personales; resultado de informes exigidos y, finalmente, cualquiera que permita a los menores una vida adecuada.

Lo que se pretende es aproximar este régimen de custodia compartida al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar, al tiempo, a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos y sus obligaciones diamantes de la patria potestad y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, como establecía la Sentencia de 2 de Julio del 2014.

Cambio de domicilio de los Menores

La guarda y custodia de los menores (S del TS de 26 de Octubre del 2012), deriva de la patria potestad y de ésta deriva asimismo la fijación del domicilio familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 cc, para dar cumplimiento a los señalado en el artículo 68 del mentado cuerpo legal.
La ruptura matrimonial obliga a los cónyuges a ponerse de acuerdo para ejercer las facultades que traen causa de la patria potestad, entre ellas, fijar un nuevo domicilio también para los hijos que se integren con quien ostente la guarda y custodia. Decisión fundamental que habrá de tener sustento en el acuerdo de los progenitores o la decisión de uno de ellos con el consentimiento expreso o tácito del otro. Sólo en defecto de acuerdo, corresponde al Juez resolver lo que proceda, previa la ponderación y proporción de las medidas a adoptar, aplicando el principio de protección e interés de los menores.
Así lo indica la Sentencia del Tribunal Supremo de15 de Octubre del 2014, siendo ponente D. José Antonio Seijas Quintana.

PIA. Evaluación de Impacto en la Protección de Datos

Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos ha presentado la guía para una evaluación del Impacto en la Protección de los Datos personales.
Se propugna que las cuestiones referentes a protección de datos y privacidad se tomen en consideración desde su fase inicial.
Entre las herramientas más útiles para avanzar en la privacidad se encuentra la Evaluación de Impacto en la Privacidad o en la Protección de datos, conocidos como PIAs.
Un PIA (Evaluación Impacto en la Protección) consiste en el ejercicio de análisis de los riesgos que puedan encontrarse en un determinado o concreto sistema de información, productos o servicios que pueda entrañar riesgo para el derecho a la protección de datos.
Los afectados, tras el análisis pueden afrontar una gestión eficaz en cuanto a los riesgos que se hayan identificado mediante la adopción de las oportunas medidas para eliminarlos.
Es también un ejercicio de transparencia.
Ayudan a planificar, gestionar, educar y motivar empleados para estar alerta sobre incidentes con el tratamiento de protección de datos de carácter personal.
La Agencia ha elaborado la guía para promover una cultura proactiva de la privacidad, dándole un marco de referencia.