Derecho a la Información vs Derecho a la Intimidad. Derecho al OLVIDO

LA CONSAGRACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN EL RGPD, EN LA LOPDGDD Y EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. LA SENTENCIA DE 11 DE ENERO DEL 2019, de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo. SENTENCIA 12/2019.

PONDERACIÓN DERECHO A LA INTIMIDAD VS DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Pampa
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La Sentencia 12/2019 de 11 de enero de la Sección Tercera de lo Contencioso, del Tribunal Supremo, se pronuncia sobre la disputa habida entre Google LLC y la AEPD, esta a instancia de un solicitante que pide el amparo para supresión en los motores de búsqueda de Google de una noticia que recoge lo publicado por una editora, concretamente el ”El Pais”; siendo de reseñar que el solicitante era un funcionario público y la noticia de relevancia publica.

La Sentencia trae, a mi entender, dos notas de relevancia:

– la primera, la alusión que se hace al Derecho al OLVIDO;

– y la segunda, el afianzamiento, desde otra perspectiva, de la censura, que de algún modo se recoge en la polémica Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 2016/0280, en su articulo 13, al pretender que grandes de las TIC como Facebook, Google o Twitter se responsabilicen de controlar qué tipo de noticias suben sus usuarios; Directiva ya aprobada, pero pendiente del texto definitivo. (Texto rechazado muy recientemente por el Consejo Europeo por presiones de Google en defensa del propio buscador y apoyado por la mayoría de los internautas, frente a las grandes editoras de Noticias y a las grandes gestoras de los Derechos de Autor).

Diremos únicamente de esta segunda nota que el Tribunal Supremo, en la Sentencia objeto de análisis, al invocar Google LLC. que se le aplica un test de veracidad de la información que es mas riguroso que el que se exige al propio editor de la noticia; lo que resulta, señala Google, desproporcionado. Se exige al buscador de Google, mas rigor en la veracidad de las noticias que a la propia editora de las mismas, ello redunda en la censura que la Directiva aludida, pone en manos de las grandes digitales, no solo que examinen si se infringen o no derechos de autor, sino también que rectifiquen las noticias falsas que las editoras deberían vigilar antes de publicar una noticia; pues son estas quienes realmente son las destinatarias del mandato Constitucional que recae sobre sus propios informadores, cual es que estos hayan realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación con la diligencia exigible a un profesional de la información, quedando protegido el derecho fundamental siempre que haya precedido dicha indagación (STC 129/2009 FJ2).

Protection

Derecho al OLVIDO.

HECHOS aceptados como probados por la Audiencia Nacional, autora de la Sentencia que Google recurre en casación, sentados por la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que los hechos publicados no responden a la realidad.

Nos encontramos ante dos Derechos en conflicto:

– El contemplado en el articulo 18.4 de la Constitución Española que dispone que la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los Ciudadanos y el pleno respeto de sus derechos.

-El contemplado en el artículo 20.1 de dicha Constitución, en su apartado d), reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El Derecho Constitucional (STC 58/2018, de 4 de Junio) reconoce el Derecho al OLVIDO como “la facultad inherente al derecho a la protección de datos personales y por tanto como derecho fundamental, que se integra en las denominadas “libertades informáticas”, cuya definición, configuración y limites, surgen del artículo 18.4”.

Sin embargo, sostiene la Sentencia, este Derecho al Olvido no es un derecho ilimitado, pues, aunque la Constitución no establece límites específicos, resultan aplicables los límites derivados del respeto a otros derechos fundamentales, entre los que tienen especial relevancia la libertad de información que proclama el articulo 20 de la Carta Magna.

Han de ponderarse, pues, en cada supuesto concreto, las circunstancias concurrentes en cada caso para dirimir los conflictos que puedan surgir entre ambos Derechos Constitucionales.

La lesión de los derechos de protección de datos es también imputable a las empresas que gestionan motores de búsqueda de Internet, al utilizar protocolos -dice la Sentencia- que no se revelan idóneos para impedir la indexación de noticias incluidas en hemerotecas u archivos digitales y para ello ha de analizarse la importancia de la digitalización de los documentos informativos que se facilitan para el acceso a la información de los usuarios de Internet y valorar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la privacidad.

La libertad de Información prevalece sobre los derechos de privacidad, cuando los hechos son de relevancia pública, y de interés general.

A efectos de ponderación, hay un requisito cuya relevancia es de interés especial cuando el derecho a la privacidad choca con el derecho a la Información, que es el requisito de Veracidad, que, aunque, como ya se ha señalado, no insta a que los hechos sean rigurosamente verdaderos, si ha lugar al cumplimiento siempre y cuando el informador haya realizado, una labor de averiguación de aquellos con la diligencia exigible a un profesional de la información. De este modo queda protegido el derecho fundamental aun en el supuesto de que la noticia fuera errónea, siempre que haya precedido dicha indagación. Cuando la libertad de Información, continua la Sentencia, colisiona con el derecho a la intimidad, la Veracidad y que el error no afecte a la esencia de lo informado, la Veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión. Lo que significa que si la información carece de interés publico prevalente, no cabrá excluir la vulneración del derecho a la intimidad porque los hechos íntimos desvelados sean ciertos.

MOON BLUE
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La relevancia pública de la información -TC- viene determinada tanto por la materia u objeto, como por razón de la condición pública o privada de la persona a la que atañe. Las autoridades y funcionarios públicos, así como los personajes públicos dedicados a actividades que conlleven notoriedad pública, aceptan que sus derechos subjetivos de la intimidad puedan resultar afectados por las críticas, opiniones o revelaciones adversas, y el derecho a la Información alcance respecto de ellos su máximo nivel de eficacia legitimadora, pues su conducta participa del interés general.

Resalta asimismo la Sentencia, que el TJUE en Sentencia de 1 de Junio de 2018 pone de relieve que las Autoridades de Control del tratamiento de datos personales ejercerán los poderes y competencias que tengan atribuidos para exigir de forma eficaz a las entidades responsables del tratamiento de datos el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos. Señalando, ademas, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Sentencia de 28 de Junio, subraya que los sitios web son instrumentos de información y comunicación que se diferencian de la prensa especialmente en su capacidad para almacenar y difundir información y tienen mas probabilidades de vulnerar el ejercicio y el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, en particular, el precepto a la vida privada y particularmente debido al importante papel desempeñado por los motores de búsqueda.

Se dilucida en esta Sentencia si una solicitud de cancelación instada por un particular ante la AEPD, contra la Sociedad gestora del motor de búsqueda responsable del tratamiento automático de datos personales, puede fundamentar aduciendo que los hechos son inexactos y no se corresponden con el requisito de información veraz a que alude el artículo 20.1d) de la Constitución. De acuerdo con lo expuesto por la Sección primera de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 7 de enero del 2018 la controversia jurídica suscitada consistente en la labor de ponderación del Derecho a la Información vs Derecho a la Intimidad, teniendo en cuenta la alegación de Google, en el sentido de que la noticia publicada previamente en un medio de comunicación tenía interés general y era esencialmente veraz, la libertad de expresión ha de prevalecer frente al interés particular a la protección de datos personales del solicitante; el Tribunal sostiene que ha de prevalecer el derecho a la intimidad del reclamante frente a la libertad de información, teniendo en cuenta que la noticia objeto de difusión a través del buscador de Google carecía de uno de los requisitos que deben concurrir para considerar legitimo el ejercicio de la libertad de información, cual es la veracidad, al ser inexactos los datos publicados.

El reconocimiento del Derecho al OLVIDO digital comporta otorgar al interesado la facultad de solicitar ante la entidad proveedora de servicios de motor de búsqueda en Internet y ante la AEPD que conceda, suprima o prohiba la indexación de aquellos datos obtenidos a partir de su nombre que se revelen inexactos, en la medida que cabe impedir injerencia ilegítima en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a la protección de datos personales.

La consagración del DERECHO AL OLVIDO.

El RGPD consagró en su artículo 17 el Derecho al OLVIDO, después de la Sentencia dictada el 13 de Mayo del 2014 por el TJUE, donde también la AEPD actuaba frente a Google. Y es también esta Sentencia, de 11 de enero del 2019, la que hace alusión a la nueva LOPDGDD, ley 3/2018 de 5 de Diciembre, que en su articulo 93 expresamente reconoce:

1.- Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, al tiempo transcurrido y a la naturaleza e interés público de la información

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda de Internet.

Este Derecho subsistirá aun cuando fuere licita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera en enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.

2.- El ejercicio del derecho al que se refiere este articulo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el Derecho”.

Alude así la Sentencia, no solo al RGPD, a las recientes Sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y del TJUE, acerca del Derecho al OLVIDO, sino también a la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, aprobada el pasado mes de Diciembre, que entró en vigor el día 7 de dicho mes, hace poco mas de un mes del dictado de esta Sentencia

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